La matanza
Los Banditos intensifican su reino del terror y atormentan a los familiares vivos de los inocentes a los que matan.
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Parte de Una tradición de violencia, una extensa investigación de más de cinco décadas de abuso, terror y asesinato llevados a cabo por pandillas dentro del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles.
Advertencia de contenido: Esta serie detalla explícitamente los actos de violencia (incluido el asesinato) llevados a cabo por funcionarios de ejecución de la ley. Por favor cuídese de sí mismo y vea cómo se siente antes de elegir leer.
Hay por lo menos 24 pandillas dentro del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Funcionarios de varias agencias gubernamentales, incluida la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, el Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, el Subcomité Senatorial de Conducta de Oficiales de Policía del Senado de California y la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos han escuchado testimonios sobre la violencia infligida a las comunidades a manos de pandillas de agentes. Las pandillas de agentes han asesinado por lo menos a 40 personas, todas ellas hombres de razas oprimidas. Por lo menos 10 de ellos tenían una enfermedad mental. El condado de Los Ángeles mantiene una lista de demandas relacionadas con las pandillas de agentes. Los litigios relacionados con estos casos le han costado al Condado poco más de $100 millones durante los últimos 30 años. En la sección 186.22 del Código Penal de California, una pandilla criminal se describe como cualquier organización o grupo de tres (3) o más personas que 1. tiene un nombre, símbolo o signo de identificación compartido 2. tiene, como una de sus actividades principales, la comisión de una de una lista larga de delitos en California y 3. cuyos miembros se han involucrado en un "patrón de actividad de pandillas criminales" … solos o colectivamente. Las pandillas de los sheriffs encajan en la descripción. A pesar de las peticiones de Knock LA, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles no proporcionó comentarios para la serie.
Los Banditos de la estación del sheriff del este de Los Ángeles parecían no sólo acoger la tradición de aterrorizar a las comunidades circundantes, sino celebrar la normalización de la violencia iniciada por pandillas anteriores de la estación, como los Cavemen y los Little Devils. Al igual que sus predecesores, los Banditos apreciaban el célebre logotipo Fort Apache de la estación. La imagen muestra un casco antidisturbios de la policía sobre una bota con el número 2 grabado en el tobillo; el número parece ser un guiño a la expresión “Second II None” (“Insuperable”), que los empleados del este de Los Ángeles utilizan para referirse a su estación. La bota y el casco antidisturbios están dentro de un círculo de lemas que se leen “siempre una patada en los pantalones” (“always a kick in the pants”). El otro lema, “Bajo perfil” (“Low profile”), parece burlarse de las instrucciones del sheriff Pitchess a los agentes de servicio en el moratorio chicano. En los últimos 30 años, solamente los Banditos le han costado a los contribuyentes del condado de Los Ángeles más de 20 millones de dólares en indemnizaciones por la muerte injusta de civiles que se les cruzaron en su camino.
El 24 de junio de 2014, Antoine Hunter, de 24 años, y su amigo Geremy Evans, ambos negros, asistieron a una vigilia por un amigo que había muerto recientemente. Alrededor de las 9:50 PM, los agentes Timothy Lee y Gregory Rodríguez, un miembro tatuado de los Banditos, vieron a los dos hombres — Hunter conducía mientras Evans iba en el asiento del acompañante — dirigiéndose hacia el este por la avenida Rosecrans en Compton. Según un informe del fiscal del distrito de Los Ángeles, Lee y Rodríguez empezaron a seguir el carro de Hunter. La patrulla chocó con la parte trasera del automóvil de Hunter, que se estrelló contra un auto estacionado cerca de la intersección de East Palmer Street y North Poinsettia Avenue. Después de que el carro de Hunter quedara atrapado entre los dos vehículos, los agentes salieron de su unidad de patrulla. Humberto Guizar, abogado de la familia de Hunter, cree que los agentes chocaron intencionalmente con el vehículo de Hunter. “Estos tipos estaban de cacería libre, buscando una razón para dispararle a la gente”, le dice a Knock LA.
Guizar dice que Hunter llevaba un arma debido al aumento de la violencia en la zona. Una vez que los agentes detuvieron a los dos hombres, Hunter apoyó los brazos en el volante en señal de rendición. “Se le acercaron enseguida. Tenía las manos en el volante y le dispararon de todos modos. Le dispararon a ese carro”, dice Guizar.
Lee disparó una ronda mientras Rodríguez, al mismo tiempo, disparó cuatro o cinco rondas más, según el informe del fiscal de distrito. Ambos agentes siguieron disparando. Evans declaró más tarde en documentos judiciales que se lanzó al asiento trasero mientras los agentes disparaban. Evans cayó del vehículo mientras Hunter yacía en la parte trasera del carro sangrando profusamente. Lee y Rodríguez no prestaron atención médica a Hunter ni llamaron a servicios de emergencia a tiempo. “Cuando sacaron [a Hunter] del carro, su cuerpo seguía rígido en posición de sujetar el volante”, dice Guizar. “Pensé que era una prueba realmente buena para demostrar que no estaba buscando un arma y que no la tenía en el momento en que dispararon”. Varias personas de la zona presenciaron el tiroteo.
La familia de Hunter presentó una queja contra el condado en diciembre de 2014. En una declaración, Evans testificó que agentes del sheriff regularmente lo tenían como objetivo antes del incidente. En el pasado, los agentes lo habían llevado a zonas dominadas por pandillas latinas donde podía correr peligro; los miembros de esas pandillas lo dejaron ir porque vieron que los agentes le tendían una trampa. El padre de Hunter, Donald, fue disparado por agentes de la estación de Compton en 2006, según su declaración. El caso se resolvió por 475.000 dólares en 2016 y los contribuyentes pagaron la indemnización a la familia y los honorarios de los abogados.
El caso de Antoine Hunter y Geremy Evans se resolvió por una suma considerable. La cantidad grande del acuerdo no estaba vinculado a la membresía en una pandilla del agente Rodríguez: Su participación en los Banditos no se reveló públicamente hasta que sus compañeros agentes presentaron reclamos nombrando al agente Gregory Rodríguez, alias “G-Rod”, mientras describían un ataque en septiembre de 2018 contra compañeros de la estación LASD del este de Los Ángeles. Rodríguez fue procesado por presentar un informe policial falso y les costó $ 549,000 a los contribuyentes del condado en un acuerdo. Rodríguez también había participado en un ataque en el que la pandilla había golpeado a agentes no afiliados en una fiesta fuera de servicio en 2018. El Condado y el LASD sabían que Rodríguez era miembro de los Banditos y que tenía un tatuaje de pandilla, pero no habían dado la información al abogado de la familia de Hunter.
Asesinos en el trabajo
El 3 de agosto de 2012, Darren Burley, que es negro, fue detenido por los agentes David Avilés, un socio de los 3000 Boys, y Paul Baserra. Timothy Lee, quien estuvo involucrado en la muerte de Antoine Hunter, también estuvo presente durante este incidente, según una declaración. Durante un arresto por delito menor, Aviles y Baserra golpearon, estrangularon y electrocutaron a Burley. Según una queja presentada por la familia de Burley contra el Condado, éste sufrió una lesión cerebral que le causó la muerte 12 días después. El caso llegó a juicio con jurado, algo poco frecuente en las demandas de derechos civiles presentadas contra el condado. Lee y Baserra negaron haber asfixiado a Burley y afirmaron que había muerto como consecuencia de un paro cardíaco repentino provocado por abuso de sustancias. Un jurado declaró a Avilés responsable de agresión intencionada por uso excesivo de la fuerza y a Baserra responsable de negligencia, lo que causó la muerte de Burley, concediendo a su familia una indemnización de 8 millones de dólares. Baserra y Lee parecen haber trabajado como agentes hasta 2018.
Las muertes a mano de los Banditos no se limitaron a adultos. El 16 de noviembre de 2017, la agente Carrie Robles-Plascencia conducía una patrulla con Vincent Moran, un presunto mandamás de los Banditos con un historial de acoso a agentes y que estuvo involucrado en un ataque en una fiesta fuera de servicio entre miembros de la pandilla y agentes no afiliados. Robles-Plascencia y Moran conducían por el este de Los Ángeles hacia South Indiana Street y Whittier Boulevard, donde se encontraba Maria Veronica Solis Munoz con sus dos hijos, Marco Antonio Hernandez de 9 años y Jose Luis Hernandez de 7 años. Mientras conducía, Robles-Plascenica se pasó un semáforo en rojo sin la sirena encendida y su auto fue golpeado por otro vehículo, empujando su patrulla contra la acera y chocando contra la madre y sus hijos pequeños. Los niños murieron poco después del accidente.
Solís Muñoz sufrió aplastamiento de pelvis y varias fracturas óseas, según una nota de la oficina del fiscal de distrito. No se presentaron cargos contra Robles-Placencia por “falta de pruebas”, a pesar de que una investigación llevada a cabo por el departamento de policía de Los Ángeles determinó que la decisión de Robles-Placencia de entrar “a la intersección con el semáforo en rojo sin tener debidamente en cuenta la seguridad de todas las personas” causó el accidente. Otros peatones también resultaron heridos. Según documentos judiciales, la investigación de asuntos internos de Robles-Plascencia quedó pausada hasta que finalizara el caso penal. Se completó justo una semana antes de que el actual sheriff Alex Villanueva tomara posesión de su cargo. Una vez que Villanueva asumió el cargo, el asunto parece haber quedado enterrado. Un agente acusa en una denuncia a Villanueva de haber tenido algo que ver personalmente con el asunto, ya que Robles-Plascencia les llama a él y a su mujer “mamá” y “papá”.
Solís Muñoz presentó una demanda civil contra el condado en 2018 que se resolvió por 17,5 millones de dólares. Los contribuyentes pagaron la factura y también asumieron los costos de los abogados. Carrie Robles-Plascencia trabaja actualmente en el departamento del sheriff de Los Ángeles. Knock LA recibió un correo electrónico de Robles-Plascencia sobre una conversación comunitaria programada en la estación del sheriff del este de Los Ángeles en marzo de 2021.
La muerte de Anthony Vargas
Anthony Daniel Vargas creció en el barrio de Maravilla, en el este de Los Ángeles, en el entorno de una familia muy unida. Era gemelo, muy compasivo y le encantaba estar rodeado de gente, recuerda su tía Valerie Vargas. “Siempre estaba muy atento. Si te veía triste, se sentaba a tu lado y te consolaba”. Le encantaba hacer carne asada los viernes, cuando la familia se reunía para jugar lotería. Valerie recuerda riendo que no siempre era la mejor. “La probábamos y la carne seguía rosa”. Anthony también estaba muy involucrado en su iglesia y dirigía excursiones de pesca con los miembros más jóvenes. “Muchos de ellos tenían problemas en casa”, dice Valerie. “Él les decía: ‘Creo que todo va a salir mejor. Yo la pasé mal. Sigan viniendo a la iglesia y ahí estaré”. Los agentes del condado de Los Ángeles le quitaron la vida el 12 de agosto de 2018.
Según un informe del fiscal de distrito, un hombre que caminaba de regreso a su carro desde un Denny’s ubicado en las avenidas Mednick y East Caesar Chavez fue presuntamente robado por su reloj por un grupo de hombres que se encontraban afuera de la comunidad de viviendas Nueva Maravilla, un gran complejo de vivienda pública. Se puso en contacto con su novia, que lo llevó en carro por la zona hasta que localizaron a las personas que creían responsables del robo y llamaron al 911. La central del LASD transmitió entonces que un hombre había sido robado a punta de pistola, y los agentes James Duran, Adrian Rendon, así como Nikolis Perez y Jonathan Rojas, ambos prospectos de los Banditos, acudieron al lugar. Los agentes observaron que un grupo de hombres corría hacia la comunidad de vivienda. Rendon aconsejó a Pérez y Rojas que siguieran a los sospechosos. Tras no ver a nadie en la zona de búsqueda, Pérez y Rojas se dirigieron a otro tracto de vivienda. Mientras conducían, vieron a Anthony Vargas y le ordenaron que se detuviera.
Los agentes dicen que Vargas corrió pero cayó rápidamente. También dijeron que pensaban que Vargas tenía un arma. Cuando se acercaron a él, Pérez golpeó repetidamente a Vargas en la nuca. Los agentes dijeron a los investigadores que lucharon con Vargas en el suelo, pero él se soltó, lo que los llevó a creer que Vargas iba a matarlos con una pistola que creían que cargaba en su cintura. “El agente Rojas tenía el cable de su radio enrollado alrededor del brazo de Anthony Vargas, restringiéndole el brazo. Dicen que mientras eso ocurría Anthony Vargas metió la mano derecha en su cinturón, el mismo brazo que estaba envuelto con ese cordón. Eso no tiene sentido”, dice Humberto Guizar, abogado de la familia Vargas. Rojas y Pérez abrieron fuego contra Vargas, disparándole 16 veces.
La familia Vargas afirma en una demanda contra el condado que matar a Vargas le ganó a Pérez el estatus de miembro en la pandilla de los Banditos. “Creo que se metieron a una pelea con él y estaban jalando y golpeándolo, dándole puñetazos y pegándole. Entonces, cuando la cuerda se enredó en su brazo, [Rojas] se frustró y decidió empezar a disparar”, cuenta Guizar. “Fue una falta de respeto total”. La denuncia también dice que a Vargas se le negó atención médica, lo que hizo que su muerte fuera prolongada y dolorosa. Val Vargas le cuenta a Knock LA que el cuerpo de su sobrino fue abandonado en la calle durante horas, dejándolo deformado.
Un criminalista dijo bajo juramento que un arma recuperada de la escena que los agentes declararon que había estado en posesión de Vargas no tenía huellas dactilares. También dijo que no le habían dado el arma para analizarla y que se habían recogido muestras para ella. Otros dos expertos declararon haber encontrado dos perfiles de ADN en el arma. “Eso significa que el ADN de alguien está en esa arma”, dice Guizar a Knock LA. “Deberían hacer una prueba”.
Las inconsistencias con el manejo de la evidencia en la muerte de Anthony Vargas no terminan con el arma. “Es realmente escalofriante el tema de las pandillas”, dice Guizar. “Había salpicaduras de sangre por todas partes desde el brazo [de Vargas] hasta su torso. Y supuestamente el arma estaba en el estómago, y no hay ni una pizca de sangre en un arma, se ve muy limpia, pero justo al lado de su cuerpo. Hay sangre por todas partes. Por todo el uniforme, por todo el cable de la radio que estaba enrollado alrededor del brazo de Anthony. La sargento que llegó a la escena, desenredó ese cable y le dieron la vuelta. Ella dice que vio un arma salir de su cintura y volar en el aire. Okay, ¿cómo es físicamente posible que el arma vuele por el aire? Y ella no vio de dónde salió, estaba distraída, no estaba prestando atención, pero vio una pistola, volando en el aire”. Guizar dijo que en todos sus años como abogado, nunca había visto a un sargento tan asustado como lo estaba la mujer durante su declaración. “El cable de la radio, estaba lleno de sangre, estaba justo ahí, alrededor de la mano de Anthony Vargas. Ella se apoderó de él y se lo llevó a la estación. Cuando lo fotografiaron, estaba limpio, tan limpio como un artículo nuevo. Eso es una manipulación de pruebas clásica”.
Guizar dice que cree que la sargento pudo haber sido testigo de haber plantado un arma en la escena del asesinato de Vargas. “No han tomado ningún ADN de todos los agentes que estaban ahí para tratar de ver si coincide con esa pistola. Esa sería la forma correcta de investigar este caso”. Al momento de la publicación, el caso de la familia Vargas contra el condado sigue pendiente. Las quejas adicionales presentadas por Guizar afirman que en lugar de volver a entrenar a Pérez y Rojas después del tiroteo, a ambos se les dieron ascensos antes de que una revisión interna de sus acciones para la disciplina y los cargos criminales hubiera terminado.
La tía de Anthony, Valerie Vargas, dice que desde que se presentó el caso, la familia ha sido acosada regularmente por el personal del LASD. “Vemos a los asesinos de Anthony en la calle todo el tiempo. No podemos ir al 7-Eleven sin ver a Nikolis Perez. El maldito aparece en nuestra casa. Está justo enfrente”, dice. “Lo tomé como una señal. Sé lo que es capaz de hacer”. Vargas también dice que los miembros de su familia han sido detenidos regularmente en camino al trabajo sin motivo aparente. Ella y otros familiares han empezado a pasear llevando cámaras corporales por miedo.
“No me he sentido segura desde 2018”.
El agente Nikolis Pérez estuvo involucrado en otro tiroteo fatal solo unos meses después de que mató a Anthony Vargas. Alrededor de las 5:30 PM del 16 de diciembre de 2019, Jorge Serrano caminaba por la calle 4 cerca de la avenida Ditman en el este de Los Ángeles. La hermana de Serrano, Ashley Miranda, recordó la tarde en una conversación con la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, y otras víctimas de la violencia a manos de las fuerzas del orden la semana anterior. Contó que su hermano, también gemelo, había sido asesinado el día de su vigésimo cumpleaños. “Fue realmente traumatizante para mí porque ahora cada cumpleaños que tengo, tengo que vivir recordando su muerte y la forma en que fue asesinado”.
Pérez vio a Serrano cuando iba en un carro patrulla con otro agente, según un informe del incidente. Serrano fue abordado agresivamente por ambos agentes y huyó con miedo, según los documentos judiciales. Una demanda presentada contra el condado por la familia de Serrano afirma que éste se rindió y dejó de correr al cabo de una cuadra y se arrodilló con las manos en alto para demostrar que no era una amenaza. Pérez le disparó siete veces. Miranda dice que los agentes le dispararon a Serrano en el cuello y la ingle, destrozándola. También le dañaron los riñones y le fracturaron los dedos. Serrano quedó sangrando profusamente en la calle y no recibió atención médica inmediata. Murió poco después del tiroteo.
“Creemos que es coherente con lo que hizo [Pérez] en el caso Vargas. Disparó al tipo por la espalda y se excedió”, dice Humberto Guizar, que se ocupa de las reclamaciones de las familias de Vargas y Serrano. “[Serrano] no debería haber recibido un disparo por la espalda”.
El trauma multigeneracional de la familia Rea
Paul Rea es recordado por su comunidad como alguien a quien todos querían. Era atlético por naturaleza y le encantaba trepar a los árboles y a lo alto de los edificios. Una vez escondió el hámster de su hermana en el tejado de la casa familiar como parte de una broma. En junio de 2019, Rea comenzó a aventurarse por su cuenta. Recientemente se había mudado a su propia casa y perseguía su sueño de convertirse en electricista. Aunque la familia de Rea dice que era un joven optimista y alegre, había experimentado un trauma grave a manos de los agentes cuando tenía solo 7 años.
El 30 de noviembre de 2008, Salvador Zepeda Alarcón, de 18 años, padre del hermano de Paul Rea, regresaba a casa de una fiesta. Cerca de ahí, los agentes recibieron una llamada de disparos. La madre de Paul Rea, Leah García, dice a Knock LA que lo que se denunció como disparos eran en realidad globos reventándose en una fiesta cercana. Los agentes afirmaron que Alarcón les apuntó con un arma y le dispararon hasta matarle. Los testigos afirman que no llevaba armas. Varias personas declararon que vieron a los agentes plantar un arma en Alarcón. García afirma que, curiosamente, habían parado a un amigo suyo poco antes del tiroteo. Durante la parada, los agentes supuestamente confiscaron una pistola de aire comprimido que pertenecía al hijo de la amiga. “Eso es lo que hacen. Se la quitan a alguien a quien paran”, afirma.
García dice que la familia de Alarcón le pidió a ella y a otras personas que dejaran de hablar sobre su muerte porque miembros del departamento del sheriff los amenazaron con deportarlos. Agentes también empezaron a pararla con regularidad. Su hijo solía estar en el asiento trasero mirando, aterrorizado. “Esto es cuando estoy embarazada. Tuve muchas complicaciones por el estrés. Iba a tener gemelos y perdí uno”, dice. “Fue realmente traumático”. García dice que nunca pensó que su hijo correría una suerte idéntica a la de su padre.
El 27 de junio de 2019, Paul Rea, de 18 años, viajaba en el Audi sedán negro de su amigo Tommy Sánchez cerca de 312 Gerhart Avenue en el este de Los Ángeles alrededor de las 11 PM. Los dos amigos de la infancia habían pasado recientemente por un dispensario de cannabis y habían comprado algunos productos. Según un informe del fiscal del distrito, los agentes Héctor “Little Listo” Saavedra, un presunto prospecto de los Banditos, y Argelia Huerta vieron a los amigos circulando y los pararon por saltarse supuestamente una señal de alto y no llevar ningún distintivo visible en el carro. García cree que el objetivo de los agentes eran los jóvenes. “Estaban fuera de la tienda. Estaban acosando a otras personas para sacarlas de sus carros. Y entonces ven a estos dos chicos jóvenes con un carro bonito, por lo que piensan de una determinada manera y los estereotipan y perfilan”.
Sánchez dice que los agentes siguieron a los jóvenes mientras conducían. Cuando llegó a un alto, los agentes lo pararon. Registraron a Sánchez, le confiscaron el cannabis, lo esposaron y lo metieron en el vehículo patrulla. A continuación, los agentes pidieron a Rea que saliera del vehículo. Una demanda archivada contra el condado por la familia de Rea afirma que éste salió del carro cuando se lo pidieron e intentó huir. Saavedra le disparó a Rea, asesinándolo. Al igual que en otros casos, el personal del LASD afirma haber recuperado una pistola del lugar de los hechos.
Sánchez fue llevado de vuelta a la estación y supuestamente golpeado y amenazado por varios agentes. Las hermanas de Rea acudieron al lugar de los hechos para investigar y descubrieron que había sido asesinado. García afirma que el sheriff Alex Villanueva nunca se puso en contacto con ella después de que los agentes mataran a su hijo y que sólo ha hablado con los detectives de homicidios. Dice a Knock LA que el último contacto que tuvo con los detectives fue a principios de marzo de 2021, cuando tenía planeado recoger el teléfono de su hijo, que por alguna razón había sido retenido como prueba forense. El detective nunca la llamó. La familia de Rea y Tommy Sánchez presentaron una denuncia contra el condado en febrero de 2020, la cual sigue pendiente.
El 30 de octubre de 2019, unos meses después de la muerte de Rea, su hermana Jaylene Rea asistió a una reunión con personal del LASD en Temple City y fue fotografiada por un agente de uniforme y una mujer de civil. Tras la reunión, Jaylene visitó la zona donde murió su hermano e instaló un monumento conmemorativo por el Día de muertos. Los agentes pasaron en una patrulla e hicieron gestos groseros con la mano, según la demanda. Los agentes detuvieron a dos amigos de Paul Rea, lo que Jaylene grabó con su celular. Jaylene también fue detenida esa noche y llevada peligrosamente por el este de Los Ángeles en una patrulla hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. Una vez que llegó a la estación, el personal que trabajaba se negó a soltarla hasta las 7 de la mañana.
El acoso ha continuado. García dice que teme por la vida de sus hijas, quienes están decididas a denunciar al LASD. “Siento que estoy constantemente vigilándome la espalda. Puedo estar en una gasolinera, puedo estar conduciendo y me están apuntando con las luces”, dice. “Me preguntan de qué pandilla soy. Me dicen: ‘¿Dónde vives ahora?”.
Su abogado, Humberto Guizar, cree que la mala conducta que se ha descubierto es sólo una pequeña parte de un problema mucho mayor. “Creo que hay mucho más, porque si vieron algo y no lo denunciaron, ¿adivinen qué? Están involucrados…. Son como el crimen organizado, son como la mafia. Dicen que nunca se delatarán unos a otros”. Dice: “Si eres policía y ves que ocurre algo malo, algo ilegal, en realidad eres culpable de un delito”.
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