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Trabajadores de la costura celebran victoria legislativa histórica

La Ley SB 62 prohíbe el pago por pieza y amplía la responsabilidad de las empresas por robo de salarios

Una foto de una celebración de la nueva ley SB 62 de California para proteger a los trabajadores de la costura
Los trabajadores de la costura y sus aliadas celebran. Foto: Sarah Michelson

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Una manifestación planeada se convirtió en una conferencia de prensa y una celebración, después de que el gobernador firmó la Ley SB 62 para proteger a los trabajadores de la costura, lo cual fue resultado de años de trabajo y organización por parte del Centro de Trabajadores de la Costura y sus aliados. La ley es la primera en el país que prohíbe el pago por pieza para los trabajadores de la costura, y además fortalece una ley anterior en contra de la explotación laboral, al exigir la responsabilidad de las empresas por abusos laborales en las fábricas donde se produce la ropa que venden, aunque la producción sea a través de hasta múltiples niveles de subcontratación. Los trabajadores de la costura y sus defensores, que incluyen organizaciones sin fines de lucro y empresas sostenibles, celebraban afuera del California Market Center, en donde habían planeado escalar su campaña, con algunos participantes dispuestos hasta a arriesgarse al arresto. Francisco Tzul, que tiene décadas fabricando ropa en Los Ángeles, dijo que fue el mejor día de su vida.

Grandes marcas se benefician de salarios de pobreza

Muchos trabajadores de la costura reciben menos del sueldo mínimo legal

Tzul trabaja en una industria que muchas veces se paga los trabajadores menos del sueldo mínimo legal. Aunque el sueldo mínimo en Los Ángeles es de $15.00 por hora, los trabajadores de la costura reciben unos $5.00 por hora en promedio —mientras algunos reciben tan sólo $1.25— trabajando para el beneficio de esta industria que en Los Ángeles genera más de $5 mil millones al año. Durante sus inspecciones aleatorias de casi cien fábricas de ropa en Los Ángeles, el Departamento del Trabajo concluyó que el 85% de estas violaron las leyes laborales, lo que significa que esas fábricas les robaron a los trabajadores los sueldos que se habían ganado. Tzul dijo que desde hace mucho tiempo sabía que estaba siendo explotado y que las fábricas no eran seguras, pero no tenía idea qué hacer al respecto.

Un día hace ya varios años, Tzul vio el programa de televisión de Kathie Lee Gifford, y se dio cuenta que el nombre le sonó muy familiar: el mismo nombre aparecía en la etiqueta de algunas de las prendas que él y sus compañeros cosían, por las cuales recibían alrededor de un dólar por cada producto terminado. Tzul dijo que empezó a darse cuenta que, mientras él luchaba para poder pagar un apartamiento de una habitación compartida con tres amigos, algunas personas que estaban muy alejadas de él se estaban enriqueciendo de su trabajo. A través de los años, Tzul aprendió más sobre la industria y sus derechos escuchando programas de radio y hablando con amigos activistas, y en el 2021 viajó a Sacramento para compartir su historia con legisladores y exigir justicia de las grandes marcas.

Subcontratar para evitar responsabilidad

Las grandes marcas —que demostraron su poder al principio de la pandemia al negarse a pagar unos $40 mil millones a fábricas subcontratadas que ya habían empezado o terminado sus pedidos— diseñan ropa, compran materiales, y venden productos terminados, pero no quieren la responsabilidad de gestionar a los trabajadores, y por eso subcontratan a los dueños de pequeñas fábricas.

Una persona que trabajaba como director de producción para una de dichas marcas me dijo que su trabajo fue “horroroso”. Dijo que las marcas deciden el precio por pieza, sabiendo que el precio no alcanza para poder pagarles un salario digno a los trabajadores. “Le sigues pidiendo a todo el mundo hasta que alguien diga que sí”, dice el ex director, destacando que las marcas no implementan ningún proceso de investigación o evaluación de los subcontratistas; lo único que les importa es el precio por pieza y los tiempos de entrega. En una investigación, el Departamento del Trabajo concluyó que las marcas regularmente pagan a las fábricas sólo el 73% del precio que sería suficiente para alcanzar a pagar un salario mínimo.

Los patrones dejan a sus trabajadores con las manos vacías

Las fábricas surgen y desaparecen de manera repentina, ofreciendo una flexibilidad que la industria de “moda rápida” exige hoy en día. Las tendencias de moda cambian de manera tan rápida que en muchas ocasiones no se da el tiempo suficiente para adquirir los materiales desde el extranjero. Tan pronto como el nuevo “look” de Kim Kardashian haya emocionado a sus seguidores en Instagram, las marcas quieren un “look” similar, pero lo quieren más barato y deprisa. No se requiere de mucho dinero para abrir una fábrica de ropa: solo un espacio rentado y las máquinas de coser —también alquiladas— y cuando las fábricas dejan de recibir pedidos, o quieren evitar algún tipo de responsabilidad, desaparecen.

“Ana” trabajó en una docena de estas fábricas subcontratadas, recibiendo en ocasiones $210 por 57 horas de trabajo. Ella dice que cuando los trabajadores exigen sus derechos, los patrones amenazan con cerrar la fábrica, lo cual no es una amenaza vacía. A veces ella recibía aviso de un día para otro que ya no había trabajo para ella, y en otras ocasiones llegaba al trabajo el lunes para encontrar una fábrica vacía, que se había cerrado sin ningún aviso a los trabajadores.

Una foto del edificio de una fábrica de costura en Los Ángeles
El edificio de una fábrica de costura en Los Ángeles. Foto: Sarah Michelson

Historia del sindicato de los trabajadores de la costura y las leyes para protegerles

El sindicato de las costureras logró mejores condiciones

La explotación laboral y las condiciones peligrosas han sido un problema para los trabajadores de la costura desde los inicios de la revolución industrial, pero a través de la organización sindical, los trabajadores han logrado más poder sobre sus condiciones de empleo. El sindicato de las costureras (International Ladies Garment Workers Union, conocido por sus siglas en inglés, ILGWU) organizó grandes huelgas en todo el país durante el siglo 20, incluyendo una en Los Ángeles en 1933, que contaba con más de 3 mil costureras y duró más de un mes, logrando para ellas un salario más alto por menos horas de trabajo. En su cima en la década de los 1950, el sindicato representaba a 450,000 socios a nivel nacional, que era más del 70% de todos los trabajadores de la industria.

Aunque para ese entonces el centro de fabricación de ropa se había movido desde Nueva York para Los Ángeles —en gran parte por la reputación anti-sindicalista de Los Ángeles—, ya para mediados del siglo, aproximadamente la mitad de los costureros pertenecían al sindicato. Durante unas décadas, los costureros disfrutaban de salarios dignos y prestaciones como eran los seguros médicos, pensiones, y planes de jubilación. El sindicato negociaba directamente con las marcas, que muchas veces aceptaron asumir la responsabilidad de las fábricas subcontratadas, o hasta acordaron cesar la subcontratación en algunas de sus formas. Por haber logrado la formalización de tales acuerdos de responsabilidad conjunta, algunos líderes del sindicato declararon de manera optimista que “hemos puesto fin a la fábrica explotadora.”

Una foto del primer lado de la revista de LIFE en 1938 con trabajadores de la costura a divertirse
“Trabajadores de la costura a divertirse,” la revista de LIFE, 1938. Foto: National Museum of American History Behring Center

A medida que el poder de los sindicatos y los trabajadores disminuyó y las condiciones de trabajo se deterioraron en la última parte del siglo, los trabajadores se fragmentaron más e intentaron desarrollar otras estrategias para mejorar sus condiciones y seguir presionando a las empresas. Los defensores de los costureros lucharon para establecer nuevas leyes que exigieran la responsabilidad y rendición de cuentas de los que más se enriquecen con el trabajo de los costureros. A principios de la década de 1990, la legislatura de California aprobó tres leyes de responsabilidad conjunta, pero los gobernadores las vetaron.

Inmigrantes forzados al trabajo esclavo en Los Ángeles

Luego, en 1992, una mujer se arrastró por un conducto de aire acondicionado en El Monte, California para escapar de sus captores, quienes la habían obligado a ella y a otras 71 personas a coser ropa durante 17 a 22 horas al día bajo amenaza de deportación y asesinato de sus familiares. La mujer avisó primero al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), la agencia precursora de ICE, quien la ignoró. Cuando las víctimas fueron liberadas de su cautiverio unos años después, el INS inmediatamente las volvió a encarcelar en centros de detención de inmigrantes hasta que los defensores de los derechos humanos se agitaron por su liberación.

Los traficantes les habían prometido a sus víctimas, todas de Tailandia, un trabajo lucrativo en los Estados Unidos, pero cuando llegaron a California, sus captores les robaron sus pasaportes y las obligaron a vivir y trabajar en un edificio de apartamentos con ventanas tapiadas y patrullas armadas 24 horas al día, siete días a la semana.

Las tiendas minoristas “compraron de manera legítima” ropa que fue fabricada en estas condiciones, escribió el LA Times, de empresas que habían “subcontratado a fábricas que a su vez subcontrataron a la operación en El Monte.” La cobertura mediática conmocionó y horrorizó a la nación, que se enteró de que las grandes tiendas departamentales vendían legalmente ropa hecha por personas en esclavitud.

California aprob una ley para proteger a los trabajadores de la costura en 1999

El incidente dio lugar a la creación de un nuevo tipo de visa migratoria para las víctimas de la trata de personas, y a una mayor presión para responsabilizar a los grandes actores por los abusos en sus cadenas de suministro. En 1999, el gobernador Gray Davis firmó la ley AB 633.

Marissa Nuncio, directora del Centro de Trabajadores de la Costura (conocido como el GWC, por sus siglas en inglés), dice que si bien la AB 633 no llegó lo suficientemente lejos, cuando se aprobó fue una iniciativa “pionera”, al reconocer la vulnerabilidad especial de los trabajadores de la costura. La ley les ofreció un proceso acelerado para que los trabajadores pudieran resolver sus reclamos y “permitió que los trabajadores pudieran ascender la cadena de suministro” para buscar la rendición de cuentas. El GWC se formó con el apoyo de varias organizaciones locales sin fines de lucro, en parte para ayudar a los trabajadores a navegar este nuevo proceso e implementar las medidas de responsabilidad. Lograron la recuperación de millones de dólares en salarios atrasados para los trabajadores de la costura.

Pero la ley tenía importantes limitaciones

En una evaluación realizada seis años después, el GWC concluyó que incluso los trabajadores que sí pudieron demostrar el robo de sus salarios sólo pudieron recuperar, en promedio, un tercio de los salarios que les fueron robados. El sesenta por ciento de los fiadores —es decir, las marcas en sí— no pagaron ni un centavo a los trabajadores, a pesar de las órdenes del Comisionado Laboral. Si bien algunos fiadores sí pagaron el monto total, en términos generales, el informe del GWC calificó a la ley de “poco más que una promesa vacía.”

“Lo que sucedió rápidamente en la industria fue que encontraron una laguna en la Ley 633, de que las empresas solamente podían ser responsabilizadas si se había comprobado que tenían contratos directos con estas fábricas”, dice Matthew DeCarolis, abogado de Bet Tzedek Legal Services y co-autor de la Ley. “Como resultado, las empresas simplemente crearon más niveles de subcontratación” para evadir la responsabilidad.

Ejemplo: Ross Dress for Less

Nuncio dice que un “punto de inflexión” se produjo en el 2019 durante una campaña contra Ross Dress for Less. Ross obtuvo $1.4 mil millones en ganancias ese año, mientras que los trabajadores que fabricaban sus productos recibieron alrededor de $5.00 la hora, mucho menos que el sueldo mínimo legal. Ross insistió en que no tenía ninguna responsabilidad por los trabajadores que cosían los productos que vendían. “Ross no posee ni opera fábricas en Los Ángeles ni en ningún otro lugar,” dijeron en un comunicado. “Los reclamos hechos por el Centro de Trabajadores de la Costura existen entre los subcontratistas de los fabricantes y sus trabajadores, y no conciernen a los empleados de Ross.”

Mientras tanto, en su sitio web la empresa se jactaba al decir: “Somos inteligentes: nuestros compradores buscan en todo el mundo las mejores marcas y los últimos estilos. ¡Trabajamos directamente con los fabricantes para negociar las mejores ofertas!” En su campaña #PayUpRoss, los trabajadores y defensores hicieron protestas en las calles e interrumpieron la reunión de accionistas de Ross, pero Nuncio dijo que la campaña se basaba en “un argumento moral” que, debido a la subcontratación, no tenía ningún “gancho legal”.

2021: Nueva ley brinda protecciones a los trabajadores de la costura

Una foto del interior de una fábrica de costura en Los Ángeles
El interior de una fábrica de costura en Los Ángeles. Foto: Sarah Michelson

La nueva ley implementa algunos cambios importantes a la legislación anterior. Prohíbe el pago por pieza a los costureros, lo cual ha servido para cubrir a los patrones que pagaban sueldos por debajo del mínimo legal. También agrega medidas más fuertes para responsabilizar a las marcas cuando sus subcontratistas pagan sueldos por debajo del mínimo, y autoriza al Comisionado Laboral a tomar acciones cuando los trabajadores presentan pruebas fehacientes, como por ejemplo la presentación de etiquetas de ropa que demuestran una relación entre la marca y el empleador.

Los opositores de la ley dicen que los abusos laborales son responsabilidad de los dueños de las fábricas, y la ley busca culpar a las personas equivocadas. “Hablo no solo de las marcas sino de los distribuidores,” dice Ilse Metchek, presidente de la Asociación de La Moda en California, que representa a los bancos, propietarios, y otras empresas grandes de la industria. “[La Ley] es una sobreactuación.” Los distribuidores compran productos de otras marcas, dice Metchek, y no deben ser responsables por las operaciones comerciales de otros actores.

La Ley sólo se aplicará a los distribuidores que usan marcas privadas y otras estrategias para evitar la responsabilidad, dicen los coautores de la Ley. Por ejemplo, la mitad de las ganancias de Urban Outfitters proviene de ropa que lleva una variedad de marcas privadas que son propiedad de Urban Outfitters. Ahora Urban Outfitters podría responsabilizarse por el robo de salarios, y no solo las marcas efímeras que son de su propiedad. La Ley “permite a los trabajadores llevar sus reclamos a los actores más estables y con más recursos,” dice Nuncio, “que son los que más se benefician de su trabajo.”

Prohibición del pago por pieza

Durante sus reuniones, los trabajadores hablaron del panorama político y expresaron un cauto optimismo. Los trabajadores empezaron a buscar aliados en el movimiento laboral y el mundo de la fabricación ética. También dijeron que querían que la ley hiciera aún más: querían terminar con el sistema de pago por pieza. Por más que un siglo, las costureras organizadas han exigido la abolición de un sistema que paga por pieza en lugar de por hora. El sistema, escribieron en 1918, fomenta sobrecarga peligrosa, “tácticas turbias de empleadores engañosos,” e incluso trabajo infantil cuando los trabajadores traen materiales a casa para mantenerse el ritmo.

“Escuchamos durante décadas que el pago por pieza era el mecanismo utilizado para robar los salarios,” dijo Daisy González, directora de organización en el GWC. Ana dijo que el sistema permite a los patrones evitar dar una respuesta clara a la pregunta: ¿cuánto me van a pagar? “Dicen: Lo sabrás el día de pago. ¿Quieres el trabajo o no?” Las tarifas de dos o tres centavos por pieza también presionan a las personas a trabajar a un ritmo que puede causarles un daño permanente a su salud.

Cómo el pago por pieza facilita los salarios sub-mínimos

Ana actualmente está trabajando para recuperar sueldos robados por una marca que es propiedad de una Kardashian. Ella habló de trabajar en una fábrica ocho horas al día, seis días a la semana, y el jefe le dio $210 por semana. Dijo que podría aumentarlo a $300 o más si ella comenzaba a trabajar doce horas al día. Incluso cuando los trabajadores aumentaron la producción, Ana dijo que los patrones bajaron la tarifa por pieza para evitar pagarles más. Ella se siente aliviada de que este sistema sea prohibido. “Con el pago por hora, finalmente sabremos de antemano cuánto vamos a ganar.”

En teoría, el pago por pieza puede ayudar a los empleadores a calcular con precisión los costos, pero eso se complica por el hecho de que los trabajadores ya han ganado algunas protecciones: los empleadores tienen que compensar la diferencia si las ganancias de sus trabajadores no equivalen al salario mínimo, y tienen que pagar el salario mínimo por cualquier tiempo “no productivo” que pasen en el trabajo, por ejemplo, instalándose en su lugar de trabajo o transportando materiales.

Cumplir con estas protecciones requiere la realización de una contabilidad adicional, y en general, las fábricas de pequeñas empresas simplemente no lo hacen. Los opositores a la Ley dicen que prohibir el pago por pieza “crea un desincentivo para la competencia”, y que a veces el pago por pieza puede ser bueno para los trabajadores. La nueva Ley permite el pago por pieza como incentivo para las bonificaciones, o cuando sea acordado por los sindicatos en un convenio colectivo.

Defensores rechazan las alegaciones de la industria

La Cámara de Comercio de California incluye la SB 62 en su “Lista de Mata-empleos” de 2021, y Metchek alega que las marcas van a mover sus operaciones a Arizona, Nevada, Texas o México, donde las regulaciones son menos estrictas y los salarios son más bajos.

Los defensores de la nueva Ley dicen que no hay suficiente infraestructura en esos otros lugares. “Todo lo que se necesita está aquí,” dice Bo Matthew Metz, fundador y director de un estudio de fabricación ética y un firme promotor de la nueva Ley. Dice que puede encontrar lavanderías, tejedores, servicios de corte y un sinfín de otros servicios a la vuelta de la cuadra de su estudio. “Puedes ahorrar algo de dinero en el pago por hora a un costurero en Texas, pero si tienes que enviar todo desde la casa de tinte en Los Ángeles a Texas solo para coser la prenda, ya no te va a funcionar.”

Las protecciones más fuertes, en vez de desincentivar a las empresas, podrían hasta atraer a más negocios a California, dicen algunos investigadores. “Los negocios éticos que son nuestros aliados nos dicen que el robo de salarios está disuadiendo a las empresas que quieren establecerse en California pero que se preocupan por la horrible historia que tiene el estado en este respecto,” dice Nuncio. Más de 150 marcas con conciencia social respaldaron la ley.

El comercio global y la industria de ropa en Los Ángeles

Los promotores de la nueva Ley dicen que no son solamente las pequeñas marcas más especializadas que permanecerán en California, o incluso volverán a ella. Apuntan a un concepto llamado localización o internalización (en contraposición a la deslocalización o externalización), donde las marcas están trasladando una mayor parte de su producción a los Estados Unidos desde lugares en el exterior. Si la pandemia nos enseñó algo de la industria, dice Sanjeev Bahl, fundador y director del fabricante de mezclilla Saitex, es que las cadenas de suministro pueden verse interrumpidas en cualquier momento.

Los costos de envío se han cuadriplicado desde la pandemia. En marzo de este año solo el 40% de los envíos de carga globales llegaron a sus destinos a tiempo. Bahl abrió recientemente una fábrica en Los Ángeles que paga $15.00 la hora y produce jeans para marcas como Gap y J.Crew. Dice que las personas que amenazan con mover la producción a otra parte presentan una falta de innovación y creatividad, y lo que buscan más bien es desviar la responsabilidad. Las empresas, dice, deben “dejar de marginar y culpar a los trabajadores.”

Ayesha Barenblat, fundadora de Remake, una organización sin fines de lucro anti-explotación laboral, trabajó durante 20 años en la cadena de suministro global de la moda y dice que los estadounidenses a menudo asumen erróneamente que los estándares laborales son siempre peores en otros países. “Algunas de las peores condiciones que he visto —cucarachas corriendo por todas partes, poca iluminación, sin papel higiénico en los baños, trabajo a un ritmo inhumano porque la tarifa por pieza es el estándar— han sido en California.” Ella dice que la ley ayuda al estado a “ponerse a la par” con lugares como Alemania y Francia, que ya han aprobado leyes de diligencia debida, y podría fortalecer a los movimientos para lograr que se aprueben leyes similares en otras partes. Después de que se aprobó la SB 62, los amigos de Francisco Tzul en Guatemala lo vieron en la televisión y lo llamaron para felicitarlo, diciendo que planean organizarse para lograr protecciones similares en la industria de costura allá en Guatemala.

Justicia para los trabajadores de la costura

Fondo para víctimas de robo de salarios

Esta ley también inspiró la aprobación de leyes similares en otras industrias de California. “Ése es el poder de la política pública,” dice Nuncio. “Puedes lograr una política buena y sólida, e ir construyendo a partir de allí.” La ley que se aprobó en 1999 para proteger a los trabajadores de la costura, por ejemplo, estableció un fondo de restitución que luego fue una inspiración para un proyecto de ley similar cuatro años después para los trabajadores de lavado de autos.

El fondo de restitución se estableció como último recurso para los trabajadores que fueron víctimas de robo de salario pero que no pudieron recuperar su salario ni del propietario de la fábrica ni de la marca que lo contrató. Los propietarios de las fábricas pagan unos miserables $75.00 al año en cuotas de registro, y estos recursos se asignan al fondo. Pero debido a que los dueños de las fábricas y las marcas se siguen negando a pagar los salarios atrasados ​​según lo ordenado por el Comisionado Laboral, el fondo ha registrado un enorme déficit, y los trabajadores han tenido que esperar de cinco a veinte años para recuperar sus sueldos. Ya harto de la situación, en 2019 el Centro de Trabajadores de la Costura organizó a los trabajadores para viajar a Sacramento y exigir la reposición de recursos al fondo, lo cual sí lograron. Esto significó que algunos trabajadores finalmente pudieron recuperar los salarios robados después de larguísimas esperas, pero también que las corporaciones habían renunciado a la responsabilidad por los salarios que habían robado, pasándole la factura al gobierno, y así a los contribuyentes.

Llevando la lucha a Sacramento

Una foto de la trabajadora de la costura y activista Carmen Torres
Trabajadora de la costura y activista Carmen Torres. Foto: Sarah Michelson

Durante tres años, Carmen Torres trabajó en una fábrica con un horario de 60 horas semanales, recibiendo solo $70.00 a la semana. “Fui a la iglesia por comida para poder sobrevivir,” dice Torres. “La lucha fue agotadora. Intenté pedirle más dinero a mi jefe, pero me dijo ‘Si no te gusta, ahí está la puerta.’” Cuando su empleador la despidió, fue al Centro de Trabajadores de la Costura para presentar una denuncia por robo de salarios ante el Comisionado Laboral.

El Comisionado tardó dos años en determinar que sí se le había robado una considerable cantidad dinero. La marca pagó una parte de los salarios atrasados, ​​y el dueño de la fábrica firmó un documento acordando pagarle $26,000.00 durante los próximos 11 meses, pero después de cinco meses dejó de pagar y nadie lo pudo localizar. El Comisionado Laboral dijo que Torres podría obtener el resto del dinero desde el fondo de restitución, pero que tendría que esperar su turno, que podría demorar hasta 20 años.

Torres y otros trabajadores frustrados viajaron a Sacramento para exigir al gobierno que reponga los fondos “para los trabajadores como yo que hemos trabajado muy duro y que fuimos víctimas del robo de salarios.” Los defensores de la SB 62 dicen que la nueva Ley podría ejercer suficiente presión sobre las marcas para que los trabajadores no tengan que recurrir al fondo de restitución. Torres, que cumplirá 85 años el próximo mes, dice que espera que los trabajadores de la costura de las nuevas generaciones reciban todo el dinero que ganen.

Si usted es trabajador o trabajadora de la costura y su patrón le ha robado su salario (no le pagó la totalidad de las horas que trabajó), puede que el Comisionado Laboral le ayude a recuperar el dinero que le fue robado. El proceso es tardado y requiere de mucho esfuerzo. Para obtener ayuda, comuníquese con el Centro de Trabajadores de la Costura al 213-748-5866.